Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 13 de octubre de 2026.— ¿De qué sirven las mesas de seguridad, los operativos policiales y las reuniones de coordinación si la violencia sigue cobrando vidas en el Istmo de Tehuantepec?
Este martes, mientras el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezaba la mesa de seguridad regional en Juchitán de Zaragoza, la violencia marcaba otra jornada de preocupación en la región: un profesor fue atacado a balazos dentro de la Escuela Secundaria Técnica número 69, en San Blas Atempa, y horas más tarde se reportó el asesinato de otras dos personas en Ciudad Ixtepec.
El saldo preliminar de tres personas asesinadas en una misma mañana vuelve a poner bajo escrutinio la estrategia de seguridad del Gobierno estatal. No porque una reunión de trabajo pueda impedir automáticamente todos los delitos, sino porque la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué resultados concretos están produciendo las acciones anunciadas por las autoridades.
Una mesa de seguridad y una realidad que contradice las expectativas
La coincidencia resulta difícil de ignorar. En Juchitán se desarrollaba una reunión para abordar la seguridad de la región, mientras en municipios cercanos se registraban ataques armados con consecuencias mortales.
San Blas Atempa y Juchitán forman parte de la misma región del Istmo. La distancia entre ambos municipios hace inevitable una pregunta sobre la coordinación de las instituciones responsables de proteger a la población: ¿qué mecanismos de prevención están funcionando y cuáles necesitan revisarse?
El asesinato del profesor dentro de un plantel educativo agrava la preocupación. Una escuela debería ser un espacio dedicado a la enseñanza, no un lugar donde docentes, estudiantes y familias tengan que temer por su integridad.
Y mientras las autoridades se reúnen, la sociedad espera algo más que informes, discursos y fotografías de encuentros oficiales: espera resultados que puedan medirse en prevención, investigaciones esclarecidas y condiciones reales de seguridad.
¿Quién responde por la inseguridad?
La exigencia no consiste en responsabilizar al gobernador de manera automática por cada hecho delictivo. Consiste en pedir cuentas sobre una obligación fundamental del Estado: garantizar la seguridad pública dentro del ámbito de sus competencias.
Si los operativos continúan y las mesas de seguridad se mantienen, el Gobierno debe explicar qué objetivos persigue, qué resultados ha obtenido y qué cambiará cuando las medidas aplicadas no sean suficientes para contener la violencia.
Porque una estrategia no puede evaluarse únicamente por el número de reuniones realizadas o por la cantidad de elementos desplegados. También debe examinarse por su capacidad para prevenir ataques, proteger a la población e investigar los homicidios.
Tres personas asesinadas en una mañana constituyen un motivo de alarma. Y cuando uno de esos hechos ocurre dentro de una escuela, la preocupación alcanza directamente a las familias y a toda la comunidad educativa.
La pregunta que el Gobierno debe responder
El Istmo no necesita acostumbrarse a que cada jornada violenta se convierta en una noticia más. Necesita explicaciones, investigaciones transparentes y medidas que respondan a los riesgos que enfrenta su población.
La mesa de seguridad encabezada por Salomón Jara Cruz en Juchitán tenía como propósito atender los desafíos de la región. Por eso, los hechos registrados este martes obligan a preguntar qué resultados está dando esa coordinación y qué acciones adicionales se adoptarán.
La crítica no es que las autoridades se reúnan; la crítica es que la ciudadanía necesita saber si esas reuniones se traducen en seguridad.
¿De qué sirve anunciar operativos si la población sigue preocupada por los ataques armados? ¿Qué debe cambiar para que los docentes puedan trabajar sin miedo y las familias recuperen la tranquilidad? ¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar la ciudadanía para conocer resultados verificables?
